(untitled) (Gestión en el Tercer Milenio, 2019)
Las investigaciones en torno a la corrupción de funcionarios destacan que para materializar la corrupción es necesario que existan tres condiciones fundamentales: la oportunidad, la racionalización y el poder; por ello, el presente artículo analiza las causas de las conductas antiéticas en la función pública y de la racionalización en la justificación de las conductas antiéticas. En este sentido es necesario regular y fiscalizar la conducta funcional del empleado público en el ejercicio de sus actividades institucionales, puesto que sus labores las desarrolla en base a la ética de la función pública que dirige toda la actividad estatal, que se nutren de posturas éticas fundamentales que le proporcionan coherencia y finalidad. Por ello, es indispensable no sólo regular y denunciar sino sancionar las conductas deshonestas de los funcionarios. En este sentido, consideramos que el problema fundamental está relacionado con la antimoral del corrupto y su intento de justificar su conducta en base a la racionalización y para ello utilizamos el modelo de interpretación del Triángulo del Fraude de Donald R. Cressey. La predisposición al fraude (corrupción) se estableció en base a encuestas anónimas aplicadas a los funcionarios de nivel medio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.