(untitled) (Gestión en el Tercer Milenio, 2020)
El presente artículo se desarrolla en función a la importancia y trascendencia de valorar los mecanismos de control previo, concurrente o simultáneo y posterior en la gestión privada y pública del país con el objeto de neutralizar los focos de corrupción y de optimizar la gestión empresarial privada y pública. El Sistema Nacional de Control, que tiene como su organismo rector a la Contraloría General de la República, cuyo ámbito de aplicación es en el sector público nacional, en las últimas décadas no ha cumplido con sus funciones en forma eficiente y eficaz que le fija la Constitución Política del Perú, y sus normas regulatorias, además el Congreso General de la República se regula por su reglamento interno, que tiene fuerza de ley, no permitiendo que la Contraloría General de la República cumpla su función fiscalizadora, la escasez de recursos presupuestales, por estas y otras consideraciones asume un rol precario e intrascendente en la cautela de los recursos nacionales afectando el erario nacional. En la actividad privada el panorama es similar, esta se limita a cumplir con los establecido en el marco legal presentando sus estados financieros auditados en forma anual por empresas o sociedades auditoras privadas nacionales e internacionales. Los filtros de control financiero, económico, administrativo y de gestión son débiles y en algunos casos no reflejan la realidad de la gestión empresarial o institucional. Los auditores en su gran mayoría requieren capacitación, especialización y perfeccionamiento en materia de fiscalización pública y privada, además deben acreditar solvencia moral, ética y deontología profesional, los auditados deben conocer las normas técnicas de control para cumplirlas con rigurosidad, y los resultados finales de las auditorías deben ser objetivos, ajustarse a los procesos técnicos y a la legalidad.