Legislación sobre ética y responsabilidad en la administración pública

Resumen

La Administración Pública ha sido desde inicios de la República el refugio de políticos y funcionarios enquistados durante sucesivos periodos presidenciales. No nos referimos con ella a la legión de trabajadores que viven de sus magros sueldos de empleados públicos, sino a funcionarios y directivos de los más altos niveles estatales. Los servidores y funcionarios públicos tienes deberes que son inherentes a sus funciones. Cuando aquellos ejercen sus funciones en forma irregular surge el problema de la “responsabilidad”. Dicen GASCÓN Y MARTIN “Es importantísima la responsabilidad de los funcionarios para evitar el abuso del poder de la burocracia y asegurar garantías efectivas a los ciudadanos. No puede decirse que se viva en estado de derecho si la responsabilidad del empleado no puede hacerse real. Precisa de leyes que la declaren y faciliten su exigencia y que la opinión pública reclame su efectividad” Durante el gobierno del Mariscal Castilla, se dieron diversas normas penales para sancionar a funcionarios y servidores públicos por hechos que, en la actualidad, son consideradas faltas graves. Quiere decir que con el paso de los años, se han ido relajando el control y el principio de autoridad, lo que ha derivado en actos de abierta corrupción, merecedores de pena privativa de la libertad. La Administración Pública ha estado siempre en el ojo de la tormenta, por diversas razones, entre las que destacan: 1.- El alto número de servidores, permanentes y contratados que, ante la opinión pública, no justifican su relación laboral con el Estado. 2.- La lentitud en la atención de los procedimientos. 3-. Los altos sueldes de muchos funcionarios de Alta Dirección. 4-. Los actos de corrupción que cada día son puestos en evidencia, no por acción de la propia administración, sino por denuncias de los medios de comunicación social. La profusión de actos ilícitos, en su casi totalidad por comisión y no por omisión, están relacionados con el manejo de fondos públicos, especialmente cuando estos están destinados a adquisiciones. Podría pensarse que esta alarmante situación es producto de la ausencia normativa o vacios legales, sin embargo no es así. Por el contrario en nuestro país existe suficiente legislación que teóricamente debiera surtir efecto positivo en el manejo de la cosa pública. De nuestro análisis de resoluciones de diversas entidades públicas que sanción a funcionarios y servidores públicos por actos irregulares cometidos durante el ejercicio de sus funciones, se desprende que el marco normativo en materia de ética pública no surte los efectos deseados.