ELIMINACIÓN DE DERECHOS REMUNERATORIOS DE LOS TRABAJADORES

Resumen

Con motivo de la promulgación de la ley derogada ley Nº 30288 de fecha 15 de diciembre del 2014, ley que se dijo era para promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social –popularizada como la “Ley Pulpín”– de inmediato los jóvenes peruanos protestaron públicamente por considerar que afectaba severamente sus derechos laborales. Excepto los empresarios, la opinión pública mayoritariamente mostró su disconformidad con esa norma legal. El gobierno, en su actitud de aplicar la ley, anunció que “con el Reglamento se otorgará beneficios a los jóvenes” a pesar de que un importante sector de miembros del Congreso de la República solicitó una legislatura extraordinaria para aprobar su derogatoria señalando además que con una norma reglamentaria no se puede modificar lo normado en una ley.

En este trabajo, movidos por lo insólito de esa norma legal expedida como Ley por el Congreso de la República, en nuestra condición de docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que estudiamos la teoría, doctrina, legislación y práctica del Derecho del Trabajo en el contexto de nuestra realidad nacional, consideramos que es menester señalar como en nuestra patria, con posterioridad a que en la década de los setenta del siglo XX en que se promulgó por primera vez y con suma claridad el derecho a la estabilidad en el trabajo de los trabajadores y se legisló para concretar sus derechos sociales laborales en lo referente sus remuneraciones y condiciones de trabajo, el sector empresarial no ha descansado en su intento de derogar tal normatividad o por lo menos desnaturalizarla con el objeto de recortar los citados derechos de los trabajadores dependientes y subordinados.

Hemos analizado las diferentes normas legales que en sucesivos gobiernos se han promulgado y exponemos en qué consisten los recortes a dichos derechos laborales que incomodan a los capitalistas empresarios. No hemos podido dejar de incluir que también en el sector público se da esa situación y para evidenciarlo nos remitimos al Decreto Legislativo Nº 1057 conocido como Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios –C.A.S.